DEFENDER A LOS ECO-DEFENSORES
Cuatro activistas, protectores del medio ambiente y líderes indígenas son asesinados en el mundo cada semana mientras crece la sensación de que los crímenes contra los ecodefensores quedarán para siempre sin castigo, es la terrible revelación de un estudio de la ONG Global Witness reseñado por el GUARDIAN londinense.
Doscientos murieron en 2016 – más del doble que cinco años atrás- y a un nivel de 98 no ha hecho sino incrementarse en los cinco primeros meses del 2017, y pareciera que se impone una cultura de impunidad a medida que se agudiza la codicia de la minería, el agrobusiness, la maderería ilegal y los constructores hidroeléctricos por los recursos del planeta.
El matutino destaca la muerte del líder indígena mexicano Isidro Baldenegro López, en enero; el ataque sufrido en mayo por las tribus del estado brasilero de Maranhao a manos de granjeros y numerosos incidentes que han victimado a defensores ecologistas en Colombia, Honduras y otros muchos países por sicarios que muy raras veces son arrestados o identificados y, mucho menos, sometidos a la justicia.
Es una situación dramática que ha impulsado al prestigioso diario británico a lanzar un proyecto conjunto con Global Witness para registrar los crímenes acaecidos en los lugares más remotos y en los países industrializados -al cual suma PLANETA VITAL su apoyo más entusiasta- que, en opinión del líder de la organización, Billy Kyte, son apenas la punta del iceberg de una epidemia de violencia que apela, también, a las amenazas, expulsiones y la destrucción de los equipos.
“No se trata de incidentes aislados –denuncia– sino síntomas de un ataque sistemático a comunidades indígenas remotas, por actores estatales y empresariales”, que crecen en número e intensidad según revela el atlas de la conflictividad ambiental realizado por la Unión Europea con apoyo de 23 universidades que, sin embargo, no abarca la gama completa de ataques perpetrados.
La globalización explica en buena parte la virulencia del fenómeno porque las corporaciones se ven forzadas a un combate encarnizado por las tierras y los recursos naturales de países con un débil cuadro legal, cuya pobreza los expone a la corrupción.
Los datos de 2016 indican que las empresas mineras y petroleras estuvieron involucradas en 33 asesinatos, seguidas por las madereras con 23 y las agrícolas que, en un giro sorprendente, rivalizan con las primeras en lo que va de este año, particularmente en Latinoamérica, en países como Colombia y Brasil, y Filipinas donde las comunidades indígenas siguen siendo objeto de acoso.
En Honduras, donde un tercio del territorio ha sido entregado a los intereses transnacionales, la hija de Berta Cáceres, ha tenido que exilarse para escapar de la suerte corrida por la activista, eliminada hace pocos meses por los promotores de un proyecto hidroeléctrico; en Africa Occidental, quienes se oponen a la devastación de los bosques deben optar entre el soborno o los fusiles de las compañías madereras, y más de 800 guardabosques han caído bajo las balas de los cazadores furtivos y grupos paramilitares en el último decenio.
La mayoría son humildes funcionarios anónimos, pero incluso un activista conocido como el kampucheano Chut Wutty, que liderizaba su propia organización, contaba con financiamiento occidental y el apoyo de oficiales de alto rango y militantes locales que colaboraban como observadores, cayó abatido en 2012.
Y es un flagelo que no queda confinado al Tercer Mundo, porque el informe 2016 de Global Witness cita el caso Standing Rock donde los legisladores de Dakota del Norte evitaron por un pelo una ley que hubiese dejado absoluta impunidad a los constructores de un oleoducto debajo del lago Oahe por cualquier delito contra los pobladores ribereños.
Varsovia agosto 2017.
Leave a Comment