Con o sin Mundial de Fútbol, Brasil sigue talando
MIRAMUNDO por Gabriel Rumor, corresponsal internacional
Según el Guardian londinense, una investigación de Greenpeace habría revelado el nivel masivo y creciente de ventas ilegales de madera brasileña a clientes en los Estados Unidos, Europa y China.
Tras dos años de seguimiento, la polémica y combativa ONG internacional afirma poseer pruebas de que se trata de un abuso sistemático y un sistema laxo de monitoreo que contradicen la declarada campaña que el gobierno de Brasilia estaría llevando a cabo contra el problema de la deforestación en la Cuenca Amazónica.
En apoyo, Greenpeace cita casos concretos de técnicas fraudulentas en que los madereros delincuentes habrían contado con la complicidad de funcionarios forestales que ya en el pasado fueron multados o detenidos por actividades del mismo tenor; y, con base en datos de Imazon, una organización nacional cuyos cálculos se apoyan en observaciones satelitales, afirma que más de la mitad de la producción de los departamentos de Pará y Mato Grosso tiene un origen ilegal y la tala ilegal se incrementó en 151% y 63% respectivamente, sólo entre los años 2011 y 2012.
La maderería en la Amazonia brasileña, denuncia sin ambages uno de los investigadores, estaría absolutamente fuera de control, porque reina un abuso generalizado de la legislación en vigor para adquirir créditos dudosos, porque los grandes terratenientes obtienen permiso para cortar más árboles de los que se proponen y venden los créditos restantes a otros granjeros y a los aserraderos.
La tala es con frecuencia –dice el Guardian– uno de los primeros pasos hacia la deforestación, porque al destruir los árboles más valiosos se reduce la cobertura vegetal y se abren sendas hacia el bosque, utilizadas de inmediato para propiciar incendios que sirven para obtener un permiso ilegal sobre el terreno.
Según Greenpeace, el gobierno falla al inspeccionar o verificar qué ocurre tras otorgar licencias para la tala, porque “es débil, inseguro e incapaz de asegurar a los clientes que están adquiriendo madera sustentable y, como consecuencia, los compradores en Brasil y el exterior están involuntariamente financiando el delito”.
La respuesta oficial ha sido minimizar el problema, que no niegan, y destacar que en ciudades como Santarem, en Pará, las autoridades investigan a un funcionario ambiental local que estaría asociado con las firmas criminales.
Sin embargo, siempre según el Guardian, el fiscal federal del departamento Bruno Valente no está muy convencido de los resultados e incluso afirma que la situación empeora y exige incrementar el contingente de inspectores para verificar la veracidad de los datos de las madereras.
En consecuencia, Greenpeace ha solicitado con urgencia al gobierno de Londres chequear a varias empresas británicas, involucradas en dicho comercio; una de las cuales, Jewson, ha respondido que cumple de manera escrupulosa con las normas oficiales y que, en el caso específico de Brasil, está absolutamente comprometida con la legalidad de sus operaciones y que estaría muy feliz de colaborar con las organizaciones ecologistas en una forma constructiva.
Un paso, desde luego, en la buena dirección para abortar el proceso de flagrante destrucción de los bosques brasileños, que desde hace décadas se denuncia en las instancias internacionales por las repercusiones que la pérdida de la Cuenca Amazónica tiene para la supervivencia de nuestro planeta.
Varsovia junio 2014.
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