Azúcar venenosa en Nicaragua

2 marzo, 2015

MIRAMUNDO por Gabriel Rumor, Corresponsal Internacional

Al menos 20 mil obreros, cañicultores en su mayoría, han muerto en las últimas dos décadas en el municipio de Chichigalpa, al noroeste de Nicaragua, de una enfermedad crónica de los riñones, reporta la enviada especial del Guardian londinense a lo que, cada día se asemeja más a una comunidad de viudas. 

En el ingenio San Antonio, el más antiguo del país, por ejemplo, un médico de la compañía analiza la sangre, la orina y la presión sanguínea de los candidatos a fajarse en  la agónica labor de cortar caña con machete bajo un calor infernal, pero si, más tarde, se les detectan señales de malfuncionamiento renal, el contrato es rescindido y el trabajador queda abandonado a su suerte, sin atención sanitaria, compensación o beneficios.

Y lo paradójico de la situación, refiere el diario, es que la explotación de los campesinos pobres por un puñado de familias pudientes vinculadas a las transnacionales norteamericanas fue una de las causas del levantamiento popular contra la dictadura de los Somoza, derrocada, entre otros, por el mismo Daniel Ortega, ahora presidente revolucionario y sandinista, a quien se acusa de complicidad con grandes capitalistas en detrimento del sector campesino para mantenerse en el poder.

Con Carlos Pellas, por ejemplo, del conglomerado ISA, productor de etanol, del ron Flor de Caña y materias primas para fabricar biocombustibles, aplaudido recientemente como el primer millonario del país.

El problema fue detectado por primera vez en Costa Rica en los años 70 y, desde entonces, se expandió por  toda Centroamérica, y si bien ha sido reconocido oficialmente en Nicaragua como una enfermedad de origen laboral, los pacientes deben demostrar que la atraparon en sus lugares de trabajo si aspiran a recibir ayuda médica y beneficios sociales. Y allí es donde los trabajadores tropiezan con la negativa de las empresas, negándoles la compensación que, en justicia, les corresponde.

Aparte de los cañaverales existen pocas opciones laborales en Chichigalpa, de modo que numerosos jornaleros enfermos falsifican documentos de identidad para continuar trabajando en condiciones que, según las evidencias científicas, tienen mucho que ver con la epidemia, por el calor excesivo y la deshidratación.

La ISA rechaza tales cargos y, junto con otras compañías han optado por patrocinar investigaciones que apunten, más bien, a razones genéticas e infantiles como desencadenantes de la patología, y se apoya en las conclusiones de un presunto estudio de la Universidad de   Boston, que, coincidencialmente, permitió al Banco Mundial otorgar un crédito multimillonario al sector de la cañicultura nicaraguense.

Sin embargo, según el Guardian, el doctor Daniel Brooks, que liderizó aquella investigación subvencionada por la ISA, ha rechazado tales interpretaciones, porque ulteriores análisis de campo entre los trabajadores permitieron establecer una relación entre las condiciones laborales y los achaques renales. 

Hay contradicción entre la ISA, que afirma mantener un esquema de seis horas al día con pausas de veinte minutos y el suministro de 1.6 litros de agua cada hora, con los testimonios de obreros retirados o activos que hablan de jornadas de ocho a catorce horas, durante seis o incluso siete días a la semana, bajo una temperatura de 38 grados para cortar un promedio de 7 toneladas diarias de caña de azúcar. 

En Managua, miembros de la oposición intentaron en octubre pasado una moción para declarar el estado de emergencia en Chichigalpa, a fin de que los enfermos pudiesen recibir medicinas, diálisis y acceso a los servicios médicos, pero fracasaron ante el control que sobre el Parlamento ejerce el partido del presidente Ortega; y, en diciembre, docenas de macheteros y viudas marcharon 120 kilómetros hasta la capital para reclamar acciones, sin que fuesen recibidos por funcionario alguno del gobierno.  

 

Para Nicaragua, el azúcar representa el 5% del PNB nacional, con exportaciones de 250 millones de dólares en 2013, de las que más de una tercera parte salieron a los Estados Unidos.

Caracas, marzo 2015.